Sindicato de empleados públicos

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) quiere expresar su disconformidad con las medidas del Real Decreto-ley del pasado 20 de abril que afectan a la enseñanza universitaria. Considera que dichas medidas obedecen exclusivamente a criterios económicos (reducción del gasto) y que, en ningún caso, persiguen una mejora del sistema universitario. Además, revelan un alto grado de improvisación y un profundo desconocimiento de la realidad de la educación universitaria en España.

En lo referente a la dedicación del profesorado, el real decreto supone una reforma muy importante de la normativa universitaria, al modificar sustancialmente algunos apartados de la Ley Orgánica de Universidades. Por este motivo, las medidas deberían haber sido consensuadas con la comunidad universitaria y negociadas con los sindicatos, ya que varían profundamente el régimen de dedicación de los docentes y, en consecuencia, sus condiciones laborales.

En este sentido, es importante destacar que el aumento de la carga docente del profesorado, además de estar mal diseñado, tendrá consecuencias negativas, que comprometerán el futuro de las universidades públicas españolas.  A corto plazo, el incremento del 33% de la carga docente del profesorado que no tenga un “sexenio vivo” dará lugar previsiblemente a un exceso de capacidad docente, que pondrá en peligro los puestos de trabajo de los profesores jóvenes (contratados doctores) y en formación (ayudantes), cuyos contratos podrían ser rescindidos. La pérdida de este capital humano pondría en riesgo el necesario relevo generacional de las plantillas universitarias, algo que no puede improvisarse.

Por otra parte, el sistema que establece el real decreto para acreditar la investigación, basado únicamente en los sexenios de investigación, es sumamente injusto y no permite, contrariamente a lo que afirma, graduar la docencia en atención a la intensidad y excelencia de la actividad investigadora. Entre las principales deficiencias del modelo que se propone, se halla, en primer lugar, el no tener en cuenta el desigual nivel de exigencia de las comisiones evaluadoras, lo que ha dado lugar a que la tasa de éxito en las diferentes áreas de conocimiento sea muy dispar. En segundo lugar, los “sexenios vivos” se sobrevaloran, ya que, en ausencia de los mismos, se iguala a quien a lo largo de su trayectoria académica ha acreditado investigación y posee uno o varios sexenios, con quienes no tienen ninguno. En tercer lugar, plantea situaciones poco equitativas, ya que un profesor con tres sexenios, si es titular, deberá impartir 16 créditos, pero si es catedrático, serán 24. Por último,  al tener sólo en cuenta los sexenios como indicador de la investigación, no se reconoce el trabajo de transferencia tecnológica, tan importante para la universidad como para la sociedad.

Finalmente, si bien el aumento de las tasas universitarias podría utilizarse para estimular a los estudiantes a aprovechar con mayor eficiencia los recursos que la sociedad destina a su formación, conlleva el riesgo de que buenos alumnos tengan que abandonar los estudios por motivos económicos, lo que nos parece inaceptable. Para evitar esta injusticia consideramos que la subida de tasas debe ir acompañada de una política de becas y exención de tasas para aquellos alumnos que, mediante sus resultados académicos, acrediten el aprovechamiento de los recursos invertidos en su formación.